El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos, 7 negativos y 2 ausencias, obligando al presidente Javier Milei a promulgar la norma. Se trata de un hecho histórico: hace 22 años que el Congreso no desestimaba un veto presidencial, lo que refleja la magnitud de la decisión política en medio de un clima marcado por la tensión y el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La ley, que había sido aprobada previamente con amplia mayoría en ambas cámaras, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye medidas para garantizar financiamiento sostenible de pensiones, actualización de aranceles y apoyo a prestadores. También contempla pensiones no contributivas inembargables para personas mayores de 70 años o con certificado único de discapacidad sin ingresos suficientes. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que su aplicación implicará entre 0,22% y 0,42% del PBI.

El debate en el Senado se desarrolló sin oradores del oficialismo, que solo sumó el voto negativo de seis de sus siete senadores. El resto de los bloques, incluyendo al PRO, la UCR y partidos provinciales, acompañó la insistencia con una mayoría aún más amplia que la original. La sesión estuvo presidida por Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó al frente del Ejecutivo ante el viaje de Milei a Estados Unidos. En paralelo, dirigentes opositores como José Mayans endurecieron sus críticas al Presidente, vinculando el veto con el escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS.

Desde la Casa Rosada anticiparon que judicializarán la medida, alegando que no están previstas las fuentes de financiamiento, y no descartaron intentar frenar su implementación. Sin embargo, legisladores opositores advirtieron que un eventual incumplimiento podría configurar un delito penal e incluso derivar en un pedido de juicio político contra el Presidente. La sanción definitiva de la ley marca un duro golpe político para Milei y abre un nuevo capítulo de tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.