El presidente Javier Milei formalizó el envío al Congreso del proyecto de reforma laboral que su administración pulió durante el año dentro del Consejo de Mayo. La iniciativa ingresó al Senado para iniciar su tratamiento en sesiones extraordinarias y propone una reconfiguración amplia del régimen laboral argentino, con cambios que afectan indemnizaciones, vacaciones, medidas de fuerza y formatos de contratación. El texto se apoya en los lineamientos del Pacto de Mayo e incorpora aportes de funcionarios, legisladores, empresarios y representantes sindicales, aunque estos últimos mantuvieron cuestionamientos a varios puntos centrales.

La propuesta introduce una nueva metodología para calcular las indemnizaciones por despido. La base excluye vacaciones, aguinaldo y premios, y se determina a partir de la remuneración habitual devengada al menos seis meses durante el último año. El proyecto fija topes para evitar desbalances entre convenios y contempla un piso equivalente al 67% del salario promedio aplicable. Además, crea los Fondos de Asistencia Laboral, sostenidos por una contribución patronal del 3% que se integrará mes a mes y funcionará como respaldo para los pagos por desvinculación, sin involucrar responsabilidad estatal. El esquema también habilita fondos sectoriales o seguros de cese laboral, que reemplazarían el sistema tradicional.

Otro de los ejes relevantes es el régimen de banco de horas. Este permite que empleadores y trabajadores acuerden, por escrito y de manera voluntaria, un sistema para compensar horas extraordinarias dentro de los límites legales. Los convenios colectivos podrán incorporar cálculos promediados siempre que se respeten descansos mínimos de doce horas entre jornadas y de treinta y cinco horas semanales. La lógica apunta a flexibilizar la organización del tiempo laboral, combinando jornadas más extensas con otras más breves, sin alterar el máximo semanal permitido por ley.

En materia de vacaciones, la reforma mantiene los períodos fijados por la normativa vigente, pero habilita el fraccionamiento en tramos no inferiores a siete días. También formaliza la posibilidad de ampliaciones acordadas entre trabajadores y empleadores, siempre respetando los mínimos establecidos. Las licencias deberán otorgarse entre octubre y abril salvo excepciones justificadas, y se exige notificación con treinta días de anticipación. El texto busca adaptar los descansos a distintas dinámicas productivas sin eliminar los resguardos tradicionales.

El proyecto incorpora el concepto de "salario dinámico", que puede definirse por tiempo, rendimiento, comisiones o unidades de obra. También permite establecer remuneraciones en pesos, moneda extranjera o en especie. La documentación laboral se digitaliza de forma obligatoria, incluidos recibos de sueldo, planillas de asistencia y certificados médicos. El objetivo es unificar registros, facilitar controles y reducir conflictos sobre liquidaciones y ausencias por enfermedad. Los sistemas centralizados permitirán verificar diagnósticos y definir procedimientos de reincorporación con criterios más uniformes.

Las medidas de fuerza también reciben modificaciones. Las asambleas gremiales dentro de los establecimientos deberán ser autorizadas, realizarse en horarios específicos y no serán remuneradas. El proyecto clasifica como infracciones muy graves los bloqueos, tomas y acciones que afecten la libertad de trabajo o provoquen daños. Para sectores esenciales se establecen servicios mínimos del 75%, y del 50% para aquellas ramas consideradas estratégicas. En caso de despido declarado inválido, el trabajador podrá optar por la reincorporación o por recibir la indemnización correspondiente.

El texto define además regímenes diferenciados por actividad. Para casas particulares, el período de prueba se amplía a seis meses y los recibos pasan a ser totalmente electrónicos. En el sector agrario se crea un contrato permanente con prueba de ocho meses, con preaviso de quince días y sin indemnización durante ese lapso. Se garantiza que la negociación salarial respete como base el salario mínimo y que la remuneración por rendimiento incluya un piso consensuado. También se incorpora un régimen específico para repartidores y mensajerías de plataformas, con registro obligatorio en ARCA, aportes propios y cobertura social, además de derechos vinculados a rechazos de pedidos, bloqueos y propinas.

La reforma agrega pautas sobre transferencias de establecimientos, responsabilidades en la subcontratación y límites para la responsabilidad solidaria. Introduce la figura de "pluspetición inexcusable" para reclamos judiciales sin sustento razonable y obliga a los juzgados a remitir antecedentes de empleo no registrado para acelerar la regularización. En paralelo, se establece un régimen de sanciones para prácticas sindicales consideradas desleales, junto con nuevas reglas para la personería gremial y la reducción del crédito horario de los delegados.

En cuanto a convenios colectivos, el proyecto elimina la ultraactividad automática y solo mantiene las condiciones hasta que exista una nueva convención o un acuerdo de prórroga. La autoridad laboral podrá suspender cláusulas ultraactivas si generan distorsiones económicas graves. También se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, orientado a promover el empleo registrado mediante reducciones transitorias de contribuciones patronales para nuevos trabajadores que cumplan ciertos requisitos.

La iniciativa abre el debate legislativo sobre una modificación estructural del sistema laboral argentino. El Senado será el primer ámbito de discusión para un proyecto que atraviesa aspectos centrales de la organización del trabajo y redefine responsabilidades tanto del sector privado como del público, con una agenda que podría extenderse durante varias semanas en el Congreso.