El Gobierno del Chaco apeló la sentencia que hizo lugar al amparo presentado por la Fundación Valdocco y ordenó restablecer el aporte estatal a la Unidad Educativa de Gestión Privada N°144. El recurso fue concedidocon efecto no suspensivo, lo que implica que la Provincia deberá cumplir con lo dispuesto en el fallo de primera instancia hasta tanto la Cámara de Apelaciones ratifique o revoque la decisión.

La resolución fue dictada el 26 de diciembre de 2025 en el expediente N°12948/2025 y lleva la firma de la jueza Ana Karina Yagas, titular del Juzgado Civil y Comercial N°7 de Resistencia, quien se encuentra a cargo del juzgado durante la feria judicial. En el mismo acto, la magistrada resolvió habilitar la feria judicial, en el marco de lo previsto por el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que el planteo reunía los requisitos legales para su tratamiento excepcional.

Según lo dispuesto, la apelación fue concedida "en relación y con efecto no suspensivo", lo que significa que la sentencia dictada el 22 de diciembre mantiene plena vigencia. En consecuencia, el Estado provincial debe dar cumplimiento a lo ordenado mientras se sustancia la revisión en segunda instancia. Además, se ordenó correr traslado de los agravios a las partes por el plazo de dos días, habilitando días y horas inhábiles para garantizar la continuidad del trámite.

El recurso fue presentado por la Fiscalía de Estado a través del sistema IURE el 24 de diciembre, y cuestiona distintos aspectos de la sentencia que declaró ilegítimos los actos administrativos que suspendieron los aportes y dispusieron la clausura del establecimiento educativo. La Provincia sostiene que el fallo afecta atribuciones propias del Poder Ejecutivo y genera un impacto económico significativo al obligar al pago de fondos públicos mientras subsisten investigaciones administrativas y judiciales en curso.

Con la feria judicial habilitada, será la Cámara de Apelaciones la que deberá analizar los argumentos presentados y definir si confirma o modifica la sentencia apelada. Hasta que exista una resolución de fondo, el Estado chaqueño se encuentra obligado a cumplir lo dispuesto en primera instancia, en una causa que continúa generando repercusión institucional, política y presupuestaria.